El gran drama de la Europa del siglo XXI es que hay más manos sosteniendo el bolígrafo de la prohibición que herramientas levantando la industria. Hemos construido una catedral de la ineficiencia, una “cebolla administrativa” de cinco capas donde cada estrato —desde el bando municipal del pueblo más pequeño hasta la macrorregulación preñada en los pasillos de Bruselas— exige su diezmo en forma de impuestos, tasas y prebendas. La clase política, sorda al balance de resultados y embriagada por un presupuesto que cree infinito, asiste impasible a la esclerosis del continente. Nadie en las altas esferas parece comprender una ley matemática básica: un continente no puede prosperar cuando los costes de gestión de su propio personal e infraestructuras son más elevados que la riqueza que sus ciudadanos logran producir.

El primer gran lastre de este sistema es el coste directo de un personal político y funcionario que ha creado una auténtica aristocracia administrativa, cuyos ingresos orbitan en una galaxia completamente diferente a la del ciudadano de a pie que la financia. Mientras el autónomo rural o el asalariado de una fábrica lidian con la inflación y la incertidumbre del mercado, las estructuras públicas se autoasignan redes de seguridad medievales. Hablamos de sueldos que no se corresponden con la productividad real, sino con el rango del despacho, un sangrado silencioso que se multiplica mediante el negocio de la presencialidad. Dietas por desplazamientos injustificados, pluses de residencia, fondos para gastos de representación sin fiscalizar y regímenes fiscales especiales actúan como oasis de exención fiscal en medio del desierto impositivo general. El ejemplo más obsceno de esta desconexión es el traslado mensual del Parlamento Europeo entre Bruselas y Estrasburgo; una mudanza litúrgica y redundante que cuesta cientos de millones de euros al año solo para satisfacer un capricho geopolítico e histórico.

Esta ruina, sin embargo, no es solo una cuestión de salarios individuales, sino de una infraestructura física e institucional profundamente redundante. Cada nivel de la administración —el ayuntamiento, la diputación, la comunidad autónoma, el gobierno central y el Parlamento Europeo— exige su propio palacio, su flota de vehículos oficiales, sus agencias públicas de colocación, sus televisiones institucionales y su constelación de asesores digitales de confianza. Esta fragmentación no solo multiplica el gasto, sino que diluye la responsabilidad; cuando un procedimiento vital se atasca en un cajón, la culpa siempre es de la capa superior o inferior. Ningún político asume que su gestión es deficitaria porque, en su esquema mental, el concepto de rentabilidad no se aplica al dinero público. En lugar de simplificar procesos para agilizar la economía, buscan expandir su territorio legislativo; para justificar la existencia de un nuevo departamento regional o nacional, inventan tres nuevas normativas que el ciudadano común tendrá que pagar y desentrañar.

El resultado final de este ecosistema hipertrofiado es la parálisis absoluta por hiperregulación. En Europa, la claridad de ideas ha sido sustituida por el pánico a lo no regulado. Para abrir una simple nave industrial en cualquier provincia, un empresario debe superar una carrera de obstáculos que dura años, validando estudios de impacto ambiental locales, autorizaciones autonómicas, normativas técnicas nacionales y directivas de sostenibilidad comunitarias. Mientras otras potencias financian la innovación o ejecutan infraestructuras críticas a velocidad de vértigo, Europa se dedica a redactar pesados manuales de instrucciones y sanciones para tecnologías que aún no ha sido capaz de inventar. Las pequeñas y medianas empresas, que sostienen el empleo real, mueren asfixiadas no por falta de clientes, sino por el inasumible "coste de cumplimiento": la enorme cantidad de dinero y horas de trabajo que deben dedicar exclusivamente a rellenar formularios, pagar tasas y contratar asesorías externas para evitar multas de un código normativo inabarcable.

La burocracia ya no es el motor que organiza los Estados, sino la lapa que devora al huésped productivo. Europa se dirige a una bancarrota estructural que no vendrá anunciada por un colapso financiero repentino, sino por la lenta asfixia de su propia irrelevancia económica. Un continente no puede competir en el tablero global si gasta más en mantener los despachos, el personal político y los privilegios de sus gestores que en producir riqueza real. O la clase política despierta de su letargo presupuestario y acomete una demolición controlada de sus duplicidades para devolver la agilidad a la sociedad, o el viejo continente quedará reducido a lo que ya se atisba en el horizonte: un inmenso y decadente museo gestionado por funcionarios, financiado con deuda perpetua y desprovisto de todo futuro industrial.

“Los valores bajo los que se sustenta nuestra sociedad nacen del materialismo puro. El pragmatismo y los intereses materiales son la única y fundamental ambición en torno a lo cual todo gira. Las imperfecciones en el comportamiento y las pautas del ser humano son la consecuencia extrema de asociar hedonismo y materialismo y esto es lo que analiza esta serie de obras.”